La Comisión Europea ha recurrido la sentencia del Tribunal General de la UE que anuló, el pasado mes de diciembre, la ilegalidad del 'tax lease' español defendida desde la Comisión, al fallar a favor de los recursos que fueron presentados por España, por Pymar y Lico.
La Justicia europea anuló así la decisión de la CE, dictada en 2013, por la que se consideró ayuda de Estado incompatible con el mercado al anterior sistema de ‘tax lease’, aplicado en España entre 2007 y 2011. Esta decisión afectó a 273 transacciones por un valor total de 8.727.997.332 euros.
Ahora, tras recurrir la reciente sentencia, en la que también quedó anulada la orden de recuperación de las supuestas ayudas concedidas a través del referido sistema, la Comisión defenderá su decisión ante el Tribunal de Justicia.
Más allá de la obligación de los inversores de devolver o no las subvenciones que les fueron otorgadas para la construcción de los buques, lo cierto es que la decisión de la Comisión Europea impactó negativamente en el sector naval español.
En concreto, esta decisión supuso la inmediata paralización de pedidos de nuevas construcciones en España, y conllevó un drástico frenazo en la actividad para todo el sector, con unos efectos devastadores para la industria naval.
Por ello, desde Pymar ya aseguraron el pasado mes de diciembre, poco después de conocerse la decisión de la Justicia europea, que estudiarían todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados al sector naval privado español en términos de empleo, económicos y reputacionales.