La Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador contra España por incumplir los requisitos que exige la normativa comunitaria en cuanto a los procedimientos de control de la seguridad ferroviaria.
Bruselas ve deficiencias en la forma en que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios analiza e investiga estas situaciones y en las técnicas de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, AESF. Por ello, ha dado dos meses al Gobierno para que aclare la situación y ofrezca datos claros de las medidas correctivas que haya puesto en marcha.
Por su parte, desde el Ministerio de Fomento han explicado que el sistema ferroviario nacional es seguro, insistiendo en que la seguridad ha sido precisamente una de las líneas de actuación del actual equipo ministerial.
No obstante, el secretado de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, comparecerá en el Congreso para dar cuenta de la situación y explicar las actuaciones previstas, como el fortalecimiento de la independencia de la Comisión de Investigación o el refuerzo de las estructuras de la AESF.
Asimismo, el Gobierno pretende aprobar un nuevo Real Decreto de Seguridad Operacional e Interoperabilidad Ferroviaria y dotar con más recursos tanto a la Comisión de Investigación como a la Agencia, con el fin de fomentar la mejora continua.
El Ministerio tiene previsto presentar próximamente un informe al respecto ante el Consejo de Ministros. Si la Unión Europea no aceptara las medidas previstas, podría pasar a la segunda fase, que da otros dos meses al Estado Miembro para corregir el problema, periodo tras el cual se podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.