La Audiencia Nacional ha abierto diligencias sobre las posibles irregularidades en el proceso de contratación de la obra de ampliación de El Musel, argumentadas desde la Oficina de la Lucha contra el Fraude (Olaf), y a raíz de las cuales la entidad europea recomendó que el puerto de Gijón devolviera los 198 millones de euros de subvenciones comunitarias que se concedieron a la obra, según recoge El comercio.
Así, tras estudiar la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 5 de diciembre de 2014, el Juzgado Central de Instrucción número 3, del que es titular el juez Javier Gómez Bermúdez, ha visto indicios de delito y se hará cargo de la instrucción del caso.
En este contexto, desde la Administración han remitido a la Comisión Europea la respuesta correspondiente al escrito recibido por parte del organismo internacional el jueves 23 de octubre, en el que se ratificaba una vez más la obligación del puerto de devolver las ayudas, mientras que se señalaba también la inacción de las autoridades españolas en torno al informe de la Olaf y a la negativa del contratista a facilitar los documentos.
Con respecto a esta acusación, en la misma respuesta, desde la Dirección General de Fondos Comunitarios han indicado los motivos de la Administración para no haber presentado antes denuncia por los supuestos delitos cometidos.
Respuesta a las acusaciones europeas
En primer lugar, desde la Administración recuerdan que Puertos del Estado, un día después de recibir la documentación de la Olaf, solicitó un informe a la Abogacía General del Estado para la "depuración de las posibles responsabilidades que pudieran concurrir, la restauración del orden jurídico perturbado y el restablecimiento del patrimonio público que se hubiera visto perjudicado por los hechos acaecidos", recoge el escrito.
El mismo texto recoge que la Abogacía emitió informe el 23 de mayo de 2014 indicando que se personaría en las diligencias judiciales que, en su caso, abra la Fiscalía, o en el caso de que el organismo no lo hiciese, ejercer esa acción la propia Abogacía del Estado.
Por tanto, la Administración estaba dispuesta a iniciar las acciones penales pero, no obstante, la denuncia o querella por parte de este organismo debe tener carácter subsidiario si ya hay constancia de una investigación del Ministerio Fiscal, ya que este último organismo cuenta con mayores facultades de investigación que la propia Abogacía.
Así, la denuncia o querella por parte de la Abogacía del Estado en representación de la Autoridad Portuaria hubiera obligado a la Fiscalía a interrumpir su labor, judicializando de modo inmediato dicha investigación, lo podría haberla perjudicado.
En lo que se refiere al reproche europeo por no exigir el registro de contabilidad a la UTE Dique Torres, empresa que se encargó del proyecto, en el texto remitido a la Comisión se avala la "exactitud de las actuaciones de las autoridades españolas", porque permitieron aportar la información requerida por la Olaf, por lo que "en ningún caso" pueden tildarse a las mismas de inactivas.
"No hubo perjuicio para las arcas comunitarias"
No obstante, a pesar del procedimiento abierto, desde la Dirección general de Fondos Comunitarios han indicado ya que no ven motivos para reintegrar nada, porque "no hubo perjuicio para las arcas comunitarias".
En este sentido, han indicado que la obra para la que se obtuvo la subvención está plenamente operativa, mientras que el sobrecoste, cifrado en un 25%, nunca fue asumido por las arcas comunitarias, por lo que el objetivo de la ayuda no fue modificado.