Una gran parte de los transportistas autónomos que realizan el reparto de prensa escrita en la Comunidad de Madrid para Dima han empezado una huelga indefinida el pasado 20 de julio para protestar por el despido de 130 repartidores y una rebaja de los contratos para los que se queden.
Según informan los sindicatos de este colectivo a través de redes sociales, "las condiciones para los que se quedaran trabajando serían de 150 euros al día sin asegurarnos los días de trabajo ni el futuro, lo que supondría si no se trabajaran al menos 20 días tener una facturación por debajo del coste de las obligaciones que se exigen como trabajadores autónomos y transportistas".
En este sentido, sus datos indican que sus sueldos quedarían por debajo de los 1.000 euros mensuales, tras trabajar jornadas nocturnas y festivos.
Dima, por su parte, empresa perteneciente a Boyacá desde 2013, argumenta que los repartidores "dejaron de prestar el servicio de reparto, reteniendo la mercancía que se les había entregado, e impidiendo de manera violenta, y con amenazas y coacciones, que con otros medios se realizase dicho reparto".
Tensión en las instalaciones
De igual modo, las informaciones de la empresa también refieren que los trabajadores "tomaron por la fuerza las instalaciones de la empresa impidiendo el funcionamiento ordinario de la misma, reteniendo primero y destrozando después toda la prensa y revistas que habían sido puestas a su disposición para el reparto".
Esta situación ha supuesto la interposición de una denuncia judicial que implicó el desalojo de las instalaciones, algo que, según refieren los sindicatos, se produjo sin altercados, así como que Dima buscara medios alternativos para realizar el reparto de prensa en la región.
Para la compañía, "las condiciones económicas de los contratos son privilegiadas y fuera de mercado ya que vienen de la concatenación de sucesivos contratos desde hace más de 30 años en algunos casos y de la acumulación de prebendas y derechos que al día de la fecha no son acordes al manifiesto declive del sector de la prensa y revistas".
Finalmente, la empresa conluye su comunicado afirmando que "los medios violentos, fuera de la ley, de todo punto inadmisibles en un estado de derecho, utilizados por los transportistas a modo de claro chantaje para la firma de un nuevo contrato que satisfaga sus inalcanzables pretensiones económicas y mantenga su situación de privilegio, son en todo punto inaceptables para la empresa que con esta situación pone en peligro su viabilidad y los puestos de trabajo de más de 1.300 trabajadores".
Por su parte, los autónomos afirman que hace unos meses hicieron "una propuesta de ahorro de cinco millones de euros al año, que supondría el 50% del coste", que la deuda de 14 millones de euros de Dima durante la operación de compra la han asumido "todos los trabajadores bajo amenaza de preconcurso de acreedores" y piden a Boyacá que "reconsidere su posición dictatorial y vuelva a la negociación del número de personas despedidas".