Los polémicos peajes implantados por la Diputación de Guipúzcoa en la N-1 han superado todas las previsiones, al recaudar 8,7 millones de euros entre el 9 de enero y el 31 de agosto de 2018. La cantidad, que supone una media de más de un millón al mes, se acerca bastante a los nueve que se marcó como objetivo la administración guipuzcoana para el primer año.
Aunque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló el sistema implantado, la Diputación recurrió la sentencia y no tiene ninguna intención de dar marcha atrás. De hecho, está tramitando ya una nueva norma foral con la que pretende evitar que los peajes sean declarados ilegales.
De mantenerse el ritmo de cobro actual, la administración recaudará unos 12 millones a final de año, un 30% más de lo previsto, que pretende invertir las mejoras y el mantenimiento de los kilómetros de la carretera sujetos a peaje, según explica el Diario Vasco.
Por otro lado, según un estudio encargado por la concesionaria Bidegi a una consultora externa, el 82,73% de los camiones que han pasado por el arco de Andoáin no eran de Guipúzcoa, mientras que en Echegárate la cifra asciende al 90,62% y en Irún al 96,06%.
Este último perdería su función recaudatoria en el nuevo formato que tramita la administración, dado que su ubicación puede llevar a equívocos, al generar la duda de si se cobra la entrada y salida de la provincia. En su lugar, se instalará un pórtico en la A-15 a la altura de Astigarraga para gravar un nuevo recorrido de 3,19 kilómetros.