La naviera Fred. Olsen ha anunciado este martes que cerrará rutas marítimas y despedirá personal si el gobierno de Canarias no le abona la deuda de 18 millones de euros que tiene pendiente, y que a final de año podría ascender a unos 21 millones, en concepto de bonificaciones a residentes.
Según el director general de la compañía, Sebastián Cerezo, la naviera "no puede aguantar más" y de cara a los presupuestos de 2013 prepara un rediseño de su estrategia empresarial que comprende una estructura más pequeña de personal adaptada a la crisis y un recorte de frecuencias y líneas, sobre todo aquellas que son deficitarias.
Según el directivo, las deudas por bonificación a viajes de residentes y por las rutas en régimen de Obligación de Servicio Público se arrastran desde el último trimestre de 2011. Asimismo lamenta que las compañías aéreas cobren cada mes las subvenciones del ministerio de Fomento y en el transporte marítimo no se haga de igual forma, ya que el ejecutivo regional adeuda el 25% de la bonificación.
"El gobierno canario siempre dice lo mismo, que está trabajando en ello, y son declaraciones que quedan muy bien en los medios de comunicación pero a la hora de la verdad no hay solución, y los proveedores somos los que lo sufrimos". Hay que bajar costes y esto ya es "insostenible porque hemos tocado hueso", ha indicado.
Armas, en la misma situación
La naviera Armas, por su parte, también se ve afectada por esta situación y ha asegurado que "el histórico saneamiento de las cuentas" de la compañía es lo que le está permitiendo aguantar el impago, que en su caso asciende a 14 millones de euros. No obstante, la compañía no oculta que la situación "se está haciendo insostenible y habrá que quitar las rutas deficitarias".
De mantenerse esta situación, la primera línea en naufragar sería la que conecta El Hierro con Tenerife, tal y como concretan los dos operadores marítimos. En el caso de Fred. Olsen, las medidas pasan por reducir frecuencias en otras conexiones, e incluso cobrar a los usuarios el 25% del billete que en teoría debería sufragar el Gobierno de Canarias.