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El Ministerio de Fomento ha decidido transferir al País Vasco determinadas materias, así como los 77,5 kilómetros que suma la AP-68 entre las provincias de Vizcaya y Álava. El acuerdo rápidamente ha levantado ampollas en la Xunta de Galicia, que desde hace tiempo viene reclamando la gestión de la AP-9.
Por si acaso, el Gobierno ha querido aclarar que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencias, en virtud de su Estatuto de Autonomía, para gestionar carreteras de la Red de Interés General del Estado, como ya ocurre con la AP-1, A-1, AP-8 y A-8.
En este sentido, la transferencia del tramo vasco de la AP-68 se corresponde "perfectamente" con este marco competencial. Por el contrario, tal y como señalan, Galicia no dispone de las competencias necesarias para hacerse cargo de forma automática de la titularidad y gestión de la AP-9.
Cualquier cambio que afecte a esta situación exigiría, según recuerda Fomento, su exclusión de las carreteras de la Red de Interés General del Estado. Además, ha querido recordar que ha sido el actual Ejecutivo "el que ha abierto la posibilidad de transferir la autopista a la Xunta de Galicia".
Aluden así a sus intentos por agilizar la tramitación de la proposición de ley presentada por el Parlamento Gallego, cuyo trámite estuvo paralizado por el anterior Gobierno.