La Comisión Europea (CE) ha enviado a España un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción, por no respetar los requisitos de la normativa europea del 2009 sobre las condiciones que deben cumplir las entidades para operar en el mercado de transporte por carretera.
En concreto, la normativa europea establece que las empresas deben tener a su disposición "uno o más vehículos" registrados en el Estado miembro donde están establecidas, mientras que la legislación española exige que las compañías tengan al menos tres vehículos.
La Comisión entiende que esta "desproporcionada" exigencia "discrimina potencialmente a los pequeños transportistas" y los excluye del mercado de transporte por carretera, ya que estos a menudo sólo tienen un vehículo a su disposición.
Ahora, España tiene dos meses para adoptar las medidas correctivas a esta situación, mientras que la Comisión podría llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE si considera insatisfactoria la respuesta de las autoridades españolas.
"Espaldarazo" al sector
Desde la Asociación de transportistas libres e independientes (Astrali) consideran que el reciente dictamen del organismo comunitario da un "espaldarazo" a su demanda interpuesta ante el Poder Judicial contra dicha regulación española.
El Servicio jurídico de la asociación procederá ahora a poner en conocimiento de la sección octava de la Audiencia Nacional la decisión de la Comisión Europea, ya que este Juzgado ha admitido a trámite varios recursos contencioso-administrativos interpuestos por la CNMC durante 2015 contra esta exigencia.
Uno de dichos procedimientos, en los que Astrali se encuentra personado junto a Competencia, se encuentra actualmente en pleno proceso de alegaciones, según indican desde la asociación, desde la que aseguran que la exigencia española no sólo es contraria a la norma europea si no también a la ley 20/2013 de garantía de unidad de mercado.
Más allá de los juzgados, la asociación ha venido elaborando una serie de informes, con la colaboración de organismos, empresas y asociaciones del sector del transporte por carretera europeo, con el fin de demostrar ante los tribunales la ineficacia de regular un sector mediante la imposición de un requisito "claramente anticompetitivo", afirman.