El ataque de agricultores franceses a un transportista español que tuvo lugar el pasado 2 de febrero ha vuelto a levantar ampollas en el país, tanto en los sectores agrícola y del transporte como en las administraciones públicas.
El Ejecutivo en funciones ha vuelto a solicitar a las autoridades francesas, como ya hiciera en 2015 y años anteriores, que adopten "todas las medidas que resulten oportunas" con el fin de que se garantice "con total seguridad" la libre circulación de personas y mercancías.
Las solicitudes formales del Ministerio de Asuntos Exteriores de los últimos meses demuestran que el último ataque perpetrado a un camión español, lejos de ser un caso aislado, comienza a ser habitual y preocupa no sólo a los sectores afectados, sino también a las autoridades de los países en los que se producen.
En el mercado único de la Unión Europea se establece el principio de libre circulación de mercancíasentre los Estados Miembros, junto a otros principios básicos referidos a la propiedad y seguridad de los bienes y de las personas.
Por este motivo, las actuaciones del pasado día 2, en la que los agricultores franceses no sólo sacaron y quemaron 18.000 kg de hortalizas y de cítricos procedentes de Murcia, sino que además vaciaron un extintor dentro del camión para contaminar los productos, supone una "flagrante violación", como han señalado desde Exteriores, de estos principios.
"Los responsables serán perseguidos"
Por su parte, la embajada de Francia en España publicaba pocos días después del asalto, en su cuenta de Twitter, su "absoluta condena de la destrucción del cargamento de un camión español en el sur de Francia", afirmando que "los responsables serán perseguidos sin complacencia".
Mientras tanto, la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Murcia se ha sumado a las protestas de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, desde la que denunciaron el ataque, exigiendo responsabilidades por el mismo y actuaciones que permitan restablecer la normalidaden el tráfico de mercancías.