La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el incumplimiento de la sentencia contra el modelo de estiba del país, que el mismo Tribunal condenó el 11 de diciembre de 2014.
Tal y como recuerdan desde la administración europea, el Tribunal declaró que la obligación de que las empresas estibadoras que operan en puertos españoles se inscriban en una sociedad central, se integren como partícipes en el capital de la misma y contraten prioritariamente personal puesto a disposición por dicha sociedad, va en contra del artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Las autoridades españolas tenían de plazo hasta febrero de 2015 para informar a la Comisión acerca de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal.
[sumario]La CE lleva de nuevo a España ante el Tribunal de Luxemburgo, invitándola a efectuar lo antes posible las reformas necesarias para cumplir la sentencia.[/sumario]
No obstante, "hasta el día de hoy" no se han adoptado medidas conformes con dicha sentencia ni se han comunicado a la Comisión plazos precisos para ponerlas en práctica, según la administración europea, por lo que considera que el país "no ha abordado convenientemente los problemas identificados" por Luxemburgo.
Por ello, la Comisión Europea ha decidido llevar de nuevo a España ante el Tribunal de Luxemburgo, invitándola a efectuar lo antes posible las reformas necesarias para cumplir esta sentencia; de lo contrario, el Tribunal de Justicia podría decidir imponer sanciones financieras al país.
Anesco solicita el cumplimiento de la sentencia
En este contexto, desde la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques, Anesco, han defendido el cumplimiento efectivo de la sentencia, y el traslado de la misma a la legislación nacional, asegurando que esta es una responsabilidad del Gobierno.
Para la asociación, la consecuencias del incumplimiento de lo dictado desde Europa trae "graves consecuencias" al país, puesto que el mantenimiento del sistema que regula la estiba "está provocando ineficiencias que afectan negativamente" al comercio español, aseguran.
Además, aseguran que no reformar la legislación española acatando la sentencia provoca inseguridad jurídica "en todas las empresas estibadoras existentes en los puertos españoles", que desarrollan sus operaciones en un marco ahora cambiante.
Por otro lado, "existe la posibilidad" de que nuevas compañías estibadoras pudiesen comenzar a implantarse en los puertos españoles, aplicando directamente la mencionada sentencia, una situación que "generaría una desigual competencia con los actuales operadores", según afirman desde Anesco.