La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte, FVET, ha denunciado ante la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, CEV, las dificultades y debilidades estructuralesa las que se enfrenta el sector, a las que se ha unido recientemente el repunte del precio del combustible.
Por este motivo, reclaman que se reconozca al transporte de mercancías como un sector estratégico y se garantice la igualdad entre los diversos modos de transporte, "sin privilegios ni preferencias no justificadas por la rentabilidad y la eficiencia de cada uno".
Tampoco están de acuerdo con las euroviñetas ni otras modalidades de pago por uso y se oponen al desvío obligatorio del transporte pesado en las vías de peaje, frente a lo que defienden el desvío voluntario incentivado. En relación a la AP-7, apoyan que revierta al Estado una vez finalizado el periodo de concesión.
Desde FVET, creen que deben eliminarse urgentemente los puntos negros de las carreteras y habilitar nuevas áreas de descanso seguras para los conductores, cuyos reconocimientos médicos deberían ser obligatorios. Además, el empresario debería poder exigir, en su opinión, controles aleatorios de consumo de alcohol y drogas.
Cumplimiento de mecanismos legales
La Federación insiste en que deben realizarse campañas para mejorar la imagen del sector, al que se está estigmatizando en materias como la siniestralidad y la contaminación. En referencia al precio del diésel, defienden la devolución del gasóleo profesional y consideran que es preciso garantizar el cumplimiento de ciertos mecanismos legales.
Se refieren, en concreto, a la cláusula de revisión del precio del combustible, los plazos de pago, la prohibición de la carga y descarga por parte del transportista, el pago efectivo de las indemnizaciones por paralizaciones y la reducción de los tiempos de espera.
Otra de sus reivindicaciones es que se actúe contra las empresas buzón, las cooperativas fraudulentas y la contratación de falsos autónomos. A ello se añade una mayor promoción de los corredores libres de restricciones para el transporte de mercancías y apoyos para la compra de vehículos de combustibles alternativos.
En el entorno valenciano, su objetivo es que se prioricen ciertas infraestructuras, como el acceso norte al puerto de Valencia o la ampliación de la V-21.