Un centenar de profesionales se han reunido en el puerto de Bilbao para abordar la aplicación del convenio internacional de aguas de lastre y los retos que supone para los diferentes actores del sector marítimo.
En el transcurso de una jornada técnica, en la que han participado trabajadores del sector marítimo y de diferentes centros tecnológicos e informativos, se ha tratado de responder a los interrogantes actuales que ha generado esta regulación de obligado cumplimiento.
Su objetivo es evitar el traslado entre mares de especies invasoras y afectará a unos 50.000 buques mercantes. Según la Cámara Internacional de Navegación, ICS, su aplicación supondrá un coste de 100.000 millones de dólares (87.893 millones de euros).
Desde el 8 de septiembre de 2017 los buques deben gestionar su propia agua de lastre para suprimir o neutralizar los organismos acuáticos o patógenos antes de que sea descargada en un nuevo lugar. De esta manera se puede prevenir la propagación de organismos o agentes potencialmente perjudiciales.
El calendario de implantación que ha sido acordado por el Comité de Protección del Medio Marino de la OMI supone que la normativa se irá aplicando de manera gradual a lo largo de tiempo para cada uno de los buques, hasta el 8 de septiembre de 2024.