En este sentido, el descenso de 25 céntimos por litro en el precio en el gasóleo durante el segundo semestre del ejercicio anterior, de los 1,326 euros registrados en junio de 2014 a los 1,079 euros de esta segunda semana de enero de 2015, repercute positivamente en los bolsillos de todos los consumidores, pero más aún en las cuentas de los autónomos que consumen miles de litros al año.
No obstante, desde la Asociación Provincial de Empresarios de Transporte de Mercancías de Cuenca (Acutrans) han señalado que el sector ya ha comenzado a recibir presiones para bajar el precio de sus tarifas.
El principal motivo de esta solicitud por parte de las grandes empresas es que muchas de ellas tienen acordada con sus transportistas la indexación del coste del combustible en el precio del transporte, y muchos contratos recogen cláusulas por las que en caso de subidas se incrementa el precio de los portes, mientras que en épocas de descenso se producen devoluciones.
Del mismo modo, desde la asociación han indicado que petroleras y Gobierno son los mayores beneficiarios de esta caída del crudo, este último debido a la alta carga impositiva del gasóleo. De hecho, un reciente estudio de la Asociación Española de Operadores de Productos petrolíferos indica que los impuestos a este combustible han aumentado un 30% en los últimos cinco años.
Ahorro no tan significativo
Por otro lado, desde Acutrans indican que el ahorro para los transportistas no ha sido tan significativo en el sector de la carretera como en otros sectores como el marítimo y el aéreo.
En este sentido, cabe destacar que los precios de los combustibles marinos han descendido considerablemente desde julio de 2014. En concreto, el fuel oil lo ha hecho más de un 50%, mientras que el precio del diesel oil ha descendido un 30%.
Desde la asociación también han reclamado unidad en el sector para mejorar su situación, ya que uno de los problemas en España es que el mismo está muy atomizado, contando un 80% de las empresas de transporte españolas con flotas de dos a cinco camiones, lo que impide en última instancia que los pequeños empresarios puedan defender sus intereses frente a las empresas que trabajan.