La Asociación Española de la Carretera, AEC, ha trasladado al Gobierno las principales demandas del sector viario ante el inicio de la nueva legislatura, partiendo de la base de que las carreteras adecuadamente conservadas contribuyen a la reducción de las emisiones del tráfico y propician la disminución de los accidentes de circulación y las víctimas mortales.
En este sentido, recuerda que repavimentar la mitad de la red de carreteras permitiría ahorrar 1.600.000 toneladas de CO2 al año, lo mismo que emite todo el tráfico de la ciudad de Madrid durante ocho meses. También considera necesario reducir la congestión en los accesos a grandes urbes, mediante la construcción de infraestructuras viarias para la optimización de la movilidad y la gestión de la demanda.
En el marco de la seguridad vial, sus propuestas pasan por promover políticas centradas en la infraestructura y el vehículo, e implantar un plan específico para las carreteras convencionales, que es donde se registran cada año el 75% de los accidentes y de las víctimas mortales.
Entre las medidas propuestas, se encuentran las carreteras que perdonan y las auto-explicativas, las secciones 2+1, los carriles reversibles y otras actuaciones para la separación física de los sentidos de la circulación, que podrían reducir notablemente los problemas de accidentalidad.
No obstante, también es preciso que se generalicen las auditorías e inspecciones de seguridad en la red viaria y aumentar las partidas presupuestarias para conservación de carreteras, además de instalar infraestructuras específicas para ciclistas y medidas de protección para el peatón y los usuarios de vehículos de movilidad personal.
Modelo de financiación
En lo que respecta a la financiación, la AEC invita a reflexionar sobre el actual modelo de financiación de las infraestructuras, para abordar con efectividad el déficit de conservación que arrastran, cifrado en 7.000 millones de euros.
Así, la Asociación propone contemplar, dentro de los presupuestos públicos, la conservación y mantenimiento viarios como gasto social, y firmar un Pacto de Estado para no dejar morir las carreteras. Asimismo, se debe estudiar la modificación del esquema fiscal del sector para crear una tasa específica asociada al uso de la carretera, en virtud del cual quien más utiliza la vía, más paga.
La cuantía de la tasa podría establecerse según pertenezca a la red de interés económico, la red de interés territorial o la red de interés social, lo que garantizaría una mayor eficiencia ambiental del transporte y generaría una fuente estable de recursos destinada a la mejora de la conservación de las carreteras.
Por último, el sector no ha dejado pasar la oportunidad de tratar el asunto de las carreteras inteligentes, pues la tecnología desempeña un papel clave en el nuevo modelo de movilidad y se deben generar nuevos servicios asociados al uso del Big Data, el Internet de las Cosas o la Inteligencia Artificial en la carretera y el transporte.
Una de sus propuestas en este ámbito es que se puedan utilizar tramos de las carreteras para probar nuevas tecnologías, servicios y aplicaciones, como los vehículos conectados y autónomos. Además, creen necesario establecer un programa de ayudas a la innovación y desarrollar una carta de servicios para informar a los usuarios sobre los compromisos de calidad asumidos por el Ministerio de Transportes.