En España, existen actualmente 17 fábricas de automóviles vinculadas a la producción y venta de vehículos diésel, que producen más de 1,2 millones de unidades al año. No es de extrañar que las últimas manifestaciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre que "el diésel tiene los días contados" hayan causado una gran alarma en el sector.
Las plantas de automoción han invertido hasta 10.000 millones de euros en los últimos cuatro años para la introducción de nuevas tecnologías que les permitan adecuarse a las nuevas exigencias medioambientales.
Por ello, en la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, Anfac, no entienden ahora "esta persecución al diésel", teniendo en cuenta que estos vehículos emiten hasta 100 veces menos de NOx y partículas que en 1992, cuando entró en vigor la normativa de motores Euro.
Si bien el crecimiento del parque de vehículos y la creciente preocupación en torno a la calidad del aire imponen nuevos retos al sector, es necesaria una transición ordenada para poder adaptar la fabricación a las nuevas políticas.
Representantes de la Asociación se han reunido recientemente con la ministra para comenzar a trabajar en una agenda conjunta que permita poner en marcha un nuevo modelo de movilidad cero y bajas emisiones, luchar contra el envejecimiento del parque y desarrollar el mercado de vehículos alternativos.
Desde Anfac, insisten en que no hay ninguna iniciativa europea que tenga un calendario de prohibición de vehículos nuevos diésel, ni de vehículos de combustibles fósiles. Todas están relacionadas con el establecimiento de una fecha para la prohibición de los vehículos más antiguos.
Descarbonización progresiva
En este contexto, la patronal de concesionarios, Faconauto, cree que antes de dar por muerto al diésel, el Gobierno debe avanzar hacia la descarbonización de forma progresiva, mediante "medidas concretas y soluciones democratizadas".
Coincide con Anfac en que en primer lugar, es preciso sustituir los vehículos antiguos que se encuentran en circulación y para ello, piden un apoyo más decidido por parte del Ejecutivo para los vehículos de energías alternativas y las infraestructuras de recarga.
Una de las medidas más útiles en su opinión será la futura Ley de Cambio Climático, que consideran una gran oportunidad para alcanzar un consenso con todos los actores involucrados.
Estas manifestaciones no difieren mucho de las de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Ganvam, que ha pedido al Gobierno que deje de "lanzar dardos sin fundamento contra esta motorización", puesto que los nuevos Euro 6 emiten las mismas partículas que un gasolina y menos CO2.
La Asociación ha advertido de que declaraciones como las de Ribera condicionan a los compradores y "pueden tirar por tierra todos los esfuerzos realizados por los fabricantes" para la reducción de emisiones.
Una vez más, ha puesto el foco sobre el que consideran el verdadero problema de España en este sentido: la antigüedad del parque. Su propuesta es un plan de incentivos al achatarramiento, acompañado de una reforma fiscal, para estimular su renovación con modelos eficientes independientemente de su motor.