El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasajes ha concluido que la cantidad que tendrá que abonar el puerto en concepto de responsabilidad patrimonial por las obras de la lonja, en las que se investigan trabajos realizados sin su debida consignación presupuestaria, asciende a 1,7 millones de euros.
Éste será el importe que la Autoridad Portuaria, como promotora de la obra, tendrá que abonar a la UTE formada por FCC y Lurgoien, según recoge el Diario Vasco. A dicha cantidad habría que añadir la liquidación final del proyecto de construcción, adjudicado por 14,9 millones de euros. No obstante, es probable que la liquidación sea negativa, lo que supone que las empresas deberán devolver parte de lo adelantado por el puerto.
Por otro lado, continúan en el Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián las diligencias para determinar la existencia de un delito de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad en documento oficial y mercantil, estafa, cohecho y tráfico de influencias, y exacciones ilegales en negociaciones prohibidas.
El miércoles 4 de octubre han declarado como investigados por las irregularidades el ex-director del recinto portuario, Gregorio Irigoyen, el técnico y director de la obra de la lonja, David Candelario, y un responsable de la UTE.
Los tres han coincidido en sus respuestas, en que el proyecto original no coincide con el ejecutado porque se han llevado a cabo trabajos añadidos que se consideraban necesarios.