El Parlamento Europeo ha aprobado este martes 11 de marzoun paquete de medidas negociado con los países de la UE para mejorar la seguridad vial mediante la homogeneización de las reglas que rigen las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) en toda Europa, aunque en cada Estado se podrán imponer reglas más estrictas.
Este texto ya había sido aprobado por la Comisión de Transportes del Parlamento y deberá ser aprobado formalmente por el Consejo Europeo antes de entrar en vigor.
En el caso concreto de los vehículos comerciales, las autoridades deberán someter a inspecciones técnicas en carretera al menos el 5% de las furgonetas de toda Europa cada año. Y con el fin de reforzar el proceso de estas inspecciones en carretera, los Estados miembros deberán crear su propio ranking de marcas de vehículos comerciales, destacando aquellas con peores resultados en tests de seguridad y premiando a las empresas que obtengan mejor puntuación.
Además, las medidas también afectan a los turismos, para los que será necesario pasar la ITV periódica a partir de los cuatro años y luego cada dos años, así como a las motos. Las inspecciones periódicas de este tipo de vehículos se ampliarán a partir de 2022, a no ser que los Estados miembro propongan medidas de seguridad alternativas. Serán los Estados miembros los que decidan los métodos y la frecuencia de las inspecciones, que afectarán a las motos de más de 125cc.
En España, las inspecciones de turismos se empiezan a realizar a partir del cuarto año y son anuales a partir del noveno. Las motocicletas y ciclomotores ya están sometidos a inspecciones cada dos años a partir del quinto.
Validez de las inspecciones en el ámbito europeo
A partir de la entrada en vigor de la nueva ley europea, los países de la UE estarán obligados a reconocer cualquier certificado de inspección técnica válido emitido por otro Estado miembro y se simplificarán los requisitos para volver a matricular un vehículo en otro país de la Unión.
Por otro lado, se considera que el fraude en los cuentakilómetros afecta a entre el 5 y el 12% de las ventas de vehículos de ocasión, lo que supone un coste de varios miles de millones de euros cada año, y se traduce en una evaluación incorrecta del estado de un vehículo. Para combatir este tipo de fraude, el Parlamento obligará a registrar el kilometraje en los certificados y exámenes de cada ITV periódica, mientras que las autoridades nacionales deberán además imponer castigos eficaces contra la manipulación del kilometraje.