Han pasado casi seis meses desde que, a principios de marzo, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, dictase auto de apertura de juicio oral contra 25 acusados de diez delitos económicos en el conocido como 'caso PlaZa'.
Tras más de dos años de investigaciones, el juzgado zaragozano llamó a los acusados a responder por los delitos de prevaricación, fraude y exacción ilegal, malversación, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Además, solicitó más de 149 millones de euros por posibles responsabilidades civiles y más de 11 millones para garantizar el pago de posibles multas.
Ahora, casi medio año después, sigue sin establecerse la fecha del juiciocontra el ex-gerente de PlaZa, Ricardo García Becerril; el exdirector técnico Miguel Ángel Pérez; el empresario y ex-presidente del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, o el ex-viceconsejero del Gobierno de Aragón y ex-consejero delegado de PlaZa, Carlos Escó, entre otros.
A la espera de que se establezca una fecha para la vista oral en la Audiencia Provincial de Zaragoza, José Ignacio Martínez ha dictado durante las últimas semanas el embargo de bienes a algunos de los 25 acusados que se sentarán en el banquillo, entre ellos Escó o Pérez, con el fin de garantizar el importe de posibles responsabilidades civiles.