La Comisión Europea ha anulado finalmente las ayudas de 250 millones de euros concedidas al puerto de El Musel, por lo que el puerto está obligado a devolver los 198 millones de euros que ya ha recibido, tal y como había recomendado la Oficina de la Lucha contra el Fraude (Olaf), según recoge El Comercio.
En el escrito remitido el pasado jueves 23 de octubre por parte de la Comisión Europea al Gobierno español, además de ratificar una vez más la devolución de las ayudas, destacan la falta de acción por parte de las autoridades españolas con respecto al informe de la Olaf y la falta de acción ante la negativa del contratista de facilitar los registros contables al organismo europeo.
Cabe destacar que, además de estas cuestiones ahora expuestas, la Olaf había argumentado su propuesta de cierre al observar infracciones en materia de contratación pública, infracción del artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, falta de auditorias y regulaciones pertinentes y justificación insuficiente de los gastos realizados.
Así pues, a pesar que el Gobierno dispone de un plazo de dos meses para indicar si esta conforme o no con la resolución, todo indica que, aún mostrándose contrario a la misma, la decisión europea no variará por lo que solo quedaría agotar la vía judicial.
Camino de Luxemburgo
Prueba de que la decisión de la UE no ha sorprendido al Ejecutivo es el hecho de que, antes de que la opinión se hiciese oficial, desde el Ministerio de Hacienda ya habían informado que recurrirán al Tribunal de Luxemburgo.
No obstante, antes de hacerlo, el Gobierno ha agotado todos los plazos posibles por la vía administrativa, de la que le queden dos meses, analizando posibles soluciones que hubieran hecho viable al puerto devolver una cantidad de la que ahora mismo no dispone.
Por ello, pasados los dos meses que ahora se le ha otorgado a España, la única manera posible de paralizar el pago de la deuda a corto plazo es recurrir al tribunal europeo.