El Consejo de Ministros de esta misma semana ha dado luz verde a un documento elaborado por Puertos del Estado con medidas de apoyo económico a las empresas del sector marítimo y portuario.
Este documento formará parte de los términos del Real Decreto de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo que ha aprobado el Gobierno.
Estas medidas tienen como objetivo incrementar la competitividad del sector portuario, con una incidencia positiva, a juicio del organismo autónomo, sobre las empresas que deben abonar pagos a las autoridades portuarias por los tráficos mínimos, la ocupación, la actividad, el buque, las deudas tributarias y las terminales de pasajeros, entre otros conceptos.
Puertos del Estado calcula que esta propuesta constituirá un ahorro para las empresas, durante el presente año, que puede superar los cien millones de euros.
Las medidas, una a una
En este sentido, se permitirá a cada puerto reducir motivadamente los tráficos mínimos y el nivel de actividad mínima exigidos en las concesiones para el año 2020, evitando así las penalizaciones por incumplimiento de esos mínimos, con lo que se evitarán penalizaciones económicas por incumplimientos no imputables a las empresas.
De igual manera, las Autoridades Portuarias podrán modificar las tasas de ocupación, una medida con una repercusión económica que podría alcanzar un máximo de 84 millones este año para el conjunto del sistema portuario.
Para este caso se diferencian las terminales de pasajeros del resto, para poderles ampliar la reducción de la tasa de ocupación hasta de un 60%, mientras que para el resto de concesiones el máximo será del 20%.
Por otra parte, se contempla la exención del pago de la tasa del buque a todos aquellos buques que se han visto obligados a atracar o fondear en un puerto como consecuencia de una orden de la autoridad competente, mientras que para cruceros u otros barcos en la necesidad de atracar en un puerto derivando en una estancia prolongada se le aplica una reducción en la tasa desde el primer día de su atraque que puede llegar al 30% en la primera semana.
Además, en este caso también se aplica una reducción de la tasa a los buques que prestan servicios portuarios.
Por último, se contempla la aplicación de un 10% de reducción de la cuantía básica, durante el tiempo que esté en vigor el estado de alarma, de todos aquellos buques relacionados con el transporte marítimo de corta distancia.
Cuando se trate de servicios marítimos regulares de pasaje o carga rodada, esa reducción será del 50%, para garantizar la continuidad de los servicios de transporte marítimo que atienden a la movilidad en los entornos marítimos del litoral español.
Así mismo, las Autoridades Portuarias podrán conceder aplazamientos de pagode hasta seis meses en las liquidaciones de las tasas portuarias, sin que se devenguen por ello intereses de demora ni se exijan garantías adicionales.
El sistema permite, según el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, que cada Autoridad Portuarias tenga "autonomía para modificar motivadamente las tasas arreglo al decreto-ley, reducir los mínimos exigibles de tráficos y actividad, y conceder aplazamientos”.
En este sentido, Toledo adelanta que “pretendemos que la aplicación de las reducciones de tasas sea proporcionada al impacto negativo que sufran las distintas actividades, de modo que esta potente herramienta que acabamos de aprobar sea lo más justa y ágil para nuestros puertos”.
La plataforma PIPE apoya las medidas
Desde la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles se han valorado positivamente las mismas, donde figura la rebaja de un 20% en la tasa de ocupación, tal y como se recoge en el Real Decreto Ley, algo que se considera que puede contribuir a la agilidad de la puesta en marcha de las actuaciones, donde ésta resulta imprescindible en estos momentos.
José Luis Almazán, vicepresidente de PIPE, ha querido resaltar que “estas medidas de reducción de tasas portuarias van en la línea de lo que, desde nuestra Asociación veníamos recomendando, en aras de fomentar la competitividad de nuestros puertos y de poder seguir generando puestos de trabajo y contribuir, así, al desarrollo socio económico de nuestro país”.
PIPE plantea que las bonificaciones perduren hasta la total recuperación de los tráficos, mantenerlas de forma estructural y que se puedan ampliar los plazos concesionales a efectos de paliar el impacto negativo como consecuencia de la crisis del Covid-19 y las decisiones adoptadas por el Gobierno de España.