El pasado 29 de septiembre, el Consejo de la Unión Europea ha adoptado la directiva relativa a la construcción de la infraestructura básica para el suministro de combustibles alternativos en la UE.
Las medidas se han adoptado durante un acto legislativo organizado por el Consejo tras alcanzar un acuerdo en primera lectura con el Parlamento Europeo a principios de 2014. La directiva entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, que se prevé que tenga lugar en los próximos días.
En virtud de esta nueva norma, cada Estado miembro tiene dos años para elaborar una estrategia sobre la integración del uso de combustibles alternativos y enviarlo a la Comisión, organismo que se encargará de ayudar a los gobiernos a garantizar la coordinación y la coherencia de estas medidas.
Una vez elaborados y aprobados, estos 'marcos de políticas nacionales' determinarán los objetivos nacionales de cada país para la construcción de nuevas estaciones de servicio que suministren los diferentes tipos de combustibles alternativos, como son la electricidad, el hidrógeno o el gas natural, así como detallar las medidas pertinentes de apoyo.
Estas políticas proporcionarán seguridad a largo plazo para la inversión privada y pública en tecnología para los vehículos y el consumo de combustible y en la puesta en marcha de la infraestructura. Además, en la directiva se han acordado una serie de normas técnicas comunes que deben aplicarse para que todas las estaciones de servicio sean interoperables.
Las fechas límite para contar con la infraestructura básica contemplada en los planes de la UE es desde 2020 hasta 2030, aunque irá en función del tipo de combustible, el vehículo y la zona de desarrollo.
Así por ejemplo, la directiva establece que a finales de 2020, los Estados miembros deberán haber instalado suficientes puntos de repostaje para estos combustibles de modo que los coches eléctricos y los coches que utilizan gas natural comprimido puedan circular por lo menos en las ciudades y en las áreas suburbanas.
En cuanto a la financiación, se espera que la inversión privada juegue un papel clave en el desarrollo de la infraestructura de combustibles alternativos. Las medidas de apoyo por parte de los Estados miembro están permitidas, aunque deben cumplir las normas sobre ayudas estatales de la UE. Además, los proyectos más relevantes pueden presentarse para recibir financiación de la UE a través de los instrumentos 'Conectar Europa' y 'Horizon 2020'.
Antecedentes
Desde la UE, se ha considerado crucial la creación de una red básica de estaciones de servicio para impulsar la demanda de vehículos propulsados por combustibles alternativos, y para alentar a los fabricantes a desarrollar este tipo de vehículos y venderlos a precios competitivos.
Actualmente el alto coste de los vehículos, la baja demanda y la falta de infraestructuras frenan el uso de combustibles alternativos, por lo que, según el organismo supranacional, se está creando "un círculo vicioso". No se están construyendo estaciones de servicio, porque no hay suficientes vehículos; a su vez, no existen vehículos de este tipo a precios competitivos al no haber suficiente demanda; y, por ello, los consumidores no están comprando estos vehículos al ser más caros que los convencionales y al no existir aún estaciones de servicio.
Con la nueva directiva, la UE pretende romper este círculo vicioso, reduciendo la dependencia que tiene el transporte del petróleo y recortando sus emisiones de gases de efecto invernadero. También tiene la intención de promover el crecimiento económico y la creación de empleo en la UE, en particular en las pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con estimaciones de la Comisión Europea, se espera que la llegada gradual de los combustibles alternativos al mercado produzca ahorros en la factura del petróleo de la UE de alrededor de 2.300 millones de euros al año en 2030.