Según se recoge en la página web del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el próximo 11 de diciembre esta corte dictará sentencia sobre la demanda presenta por la Comisión Europea contra España por su modelo de estiba.
En este sentido, en 2009, la CE recibió una denuncia anónima sobre el sistema de estiba español y la exclusividad que tienen los estibadores de la Sagep a la hora de realizar las labores de carga y descarga. La CE consideró que esta exclusividad podía incurrir en competencia desleal y la presentó ante el Tribunal de Luxemburgo alegando que era contraria a los tratados de la UE.
Por su parte, tanto Puertos del Estado, como la Abogacía del Estado, las autoridades portuarias, la Sagep y los sindicatos de estibadores españoles han defendido el modelo portuario. En este sentido, CCOO declaró, en mayo de 2014, que el objetivo de la denuncia es la “prevaricación del sector, su desrregularización y desprofesionalización, además del abaratamiento de costes”.
Así, el sindicato sostuvo que una sentencia condenatoria permitiría abrir la puerta a que la carga y descarga pueda ser realizada por “cualquier persona” sin necesidad de contratar a los estibadores de los puertos.
Ya solo hay que esperar hasta la fecha indicada del próximo 11 de diciembre, para conocer el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que desde diversas instancias se ha dejado entrever últimamente, que tiene muchas posibilidades de ser condenatorio para los intereses de la estiba española.
El propio presidente de Puertos del Estado, José Llorca, con motivo de su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso para explicar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2015, avanzaba ya en octubre que la sentencia del TJUE sobre los estibadores españoles es “inminente” y probablemente será condenatoria contra España.
Llorca cree que será preciso abordar una reflexión conjunta sobre el modelo de estiba que necesita España y “cómo debe ajustarse a la legalidad europea” y a lo que diga el TJUE, para que el Gobierno pueda tomar decisiones en “los próximos meses“.