El próximo 1 de junio entra en vigor la Directiva 2010/65/UE, sobre las formalidades informativas exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos de los Estados miembros, una iniciativa que Europa impulsó con el fin de reducir los trámites administrativos para la navegación y aportar más facilidades al transporte marítimo en este ámbito.
No obstante, los avances para la aplicación de esta normativa han sido en general lentos y con importantes diferencias entre los países europeos, principalmente porque sólo están previstas las Ventanillas Únicas, es decir, los puntos de entrada digitales, a nivel individual y nacional.
Dicha individualidad, sumada al hecho de que los Estados miembros no están obligados a establecer sistemas iguales para aplicar la Directiva, ni siquiera compatibles entre si, conlleva que para el sector del transporte marítimo sea un gran desafío poder cumplir los requerimientos que se establezcan.
Por todo ello, con el fin de recopilar toda la información necesaria y esclarecer la situación, un conjunto de asociaciones, navieras, transitarios, cargadores, operadores, armadores y puertos han enviado a los países europeos un cuestionario, que puede descargarse en este enlace, para determinar que sistemas se están poniendo en marcha en cada uno de ellos.
Aclaraciones necesarias
Según afirman desde la asociación europea de navieros ECSA, en el corto plazo, la industria naviera necesita claridad con respecto a la información que se debe proporcionar a cada Estado miembro, así como información adicional sobre los medios y los aspectos prácticos relacionados con el sistema de entrega.
Del mismo modo, el sector también necesita la extensión de los sistemas existentes por un cierto período de tiempo a fin de garantizar una transición más suave.
En este contexto, el cuestionario enviado a los Estados miembros de la UE tiene la finalidad de determinar que se espera de la comunidad marítima. En definitiva, qué medidas deben tomar para cumplir la Directiva.
Por otro lado, desde la asociación requieren una armonización europea de las necesidades informativas para facilitar la digitalización y gestión de la información, un objetivo difícil si la normativa se aplica de un modo diferente en cada región.