En primer lugar, desde CCOO, se considera que las políticas españolas en materia de transporte, tanto de mercancías como de viajeros, son "contrarias a la línea marcada por Europa", cuyo incumplimiento provoca "riesgos innecesarios" y "unas condiciones de trabajo precarias".
Además, las leyes laborales y mercantiles, como la Ley Concursal, provocan "indefensión de los trabajadores", que se une a las "malas prácticas generalizadas de grandes grupos empresariales del transporte de mercancías". Por ello, desde el sindicato se ha exigido una regulación que mejore las condiciones de los empleados, así como también que luche contra el dumping social, la accidentalidad, etc.
Otros problemas que CCOO ha puesto sobre la mesa es la "regresión" en la regulación del tacógrafo en las islas, debido al planteamiento para modificar la normativa que siguen "ciertas patronales", y que, según el sindicato "tendría graves consecuencias en el ámbito laboral y en la seguridad vial".
Por otro lado, el sindicato ha acusado a las administraciones públicas de llevar a cabo "recortes ocultos" en las concesiones públicas ligadas al sector, y de emprender "políticas ocultistas" en la nacionalización de las autopistas de peaje, que actualmente se encuentran en situación concursal, ya que "se desconoce el alcance para los empleados de las mismas".