Este jueves 1 de marzo entra en vigor la Ley 1/2012, de 28 de febrero de medidas tributarias y financieras aprobadas por las Cortes de Castilla y León, que establece la puesta en marcha de una serie de nuevos impuestos y otras actuaciones tributarias encaminadas a paliar los efectos de la crisis económica.
Esta nueva ley, rechazada en el parlamento regional por el PSOE y el Grupo Mixto, establece definitivamente el céntimo sanitario en nueve de las 13 autonomías en régimen común.
Entre las medidas aprobadas, destaca la entrada en vigor del tramo autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas del hidrocarburos, estableciendo un gravamen de 4,8 céntimos por litro para el gasóleo de uso general y queroseno y de 0,2 céntimos por tonelada de fuelóleo, recaudados en más de un 70% el sector del transporte por carretera, con el que se estima recaudar más de 140 millones de euros anuales.
Asimismo, la ley introduce el sistema de devolución del impuesto para los transportistas de todas las especialidades del transporte, camiones, autobuses y taxis, siguiendo el ejemplo de la medida aprobada el pasado mes de enero por la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, a diferencia de ésta última que acordó proceder a la devolución íntegra del impuesto recaudado a dicho colectivo, la ley de Castilla y León sólo prevé la devolución parcial del mismo, en concreto del 50%.
Durante la presentación, en el día de ayer, de la Federación Interregional de Asociaciones de Transporte, FITRANS, José Antonio Cabrejas Gómez, director general de Transporte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, aseguró que esta medida que "afecta a todos los ciudadanos de Castilla y León" se ha establecido en función de conseguir unos servicios públicos de calidad; "estas medidas tratan de mitigar el impacto en el propio sector devolviendo una parte del céntimo sanitario y analizando las futuras medidas que haya que implantar para neutralizar estos efectos" ha indicado.
José Antonio Cabrejas, director general Transporte
Algunas asociaciones de transportistas, como Fenadismer, denuncian la poca sensibilidad del gobierno castellanoleonés por la defensa del sector profesional del transporte por carretera, configurado en más de un 85% por autónomos y microempresas, que atraviesan una situación económica muy compleja motivada por la actual situación de disminución de la actividad y agravada por el incremento de precios del gasóleo.