Tras el visto bueno del Senado francés, que ha sometido a votación este miércoles 23 de julio la nueva ley francesa que reformará el sistema ferroviario del país galo para dar paso a la liberalización del sector, el gobierno francés ha aprobado la norma definitivamente.
La nueva ley acabará con la separación que existe entre el gestor de la Red Ferroviaria en Francia (RFF), encargada de la gestión de infraestructuras, y el operado público de los ferrocarriles (SNCF), empresa pública de transportes ferroviarios, que ha supuesto problemas de competencias.
El nuevo modelo establece la creación de una nueva SNCF que contará con dos ramas, por un lado la SNCF Réseau, que se encargará de las infraestructuras, y, por otro, SNCF Mobilités, responsable de la explotación.
Tras su aprobación, el secretario de Estado de Transportes, Frédéric Cuvillier, ha asegurado que este "es un proyecto ambicioso" para Francia que "devuelve la confianza y la esperanza en el futuro del sector ferroviario".
Con la nueva norma, Francia cumplirá con la legislación europea, ya que la UE espera más competencias en la gestión de las rutas de transportes. El comisario europeo de Transportes, Siim Kallas, ha asegurado que "la reforma francesa va en la buena dirección".
La reforma espera estabilizar la deuda de 44.000 millones de euros, 37.000 millones sólo de RFF, y frenar su crecimiento. Las autoridades francesas estiman que el sistema ferroviario francés, con la reforma, tendrá una deuda de 60.000 millones en 2025, 20.000 menos de lo esperado sin la nueva normativa.
Sin embargo, los trabajadores del sector ferroviario francés temen que la reforma se traduzca en una pérdida de puestos de trabajo y reducciones de sueldo.
Los sindicatos convocaron una huelga el pasado 10 de junio para reclamar el traspaso de la deuda de RFF al Estado y pedir la creación de una empresa pública única. Según los responsables de SNCF, la huelga de dos semanas originó perdidas de 160 millones de euros.