La Asociación de Empresas Estibadoras, Anesco, ha presentado nueve alegaciones al Proyecto de Real Decreto que desarrolla las condiciones laborales de los estibadores de acuerdo a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014.
El Ministerio de Fomento había dado una semana de plazo para este trámite, que finalizaba este miércoles 21 de marzo con diversas propuestas dirigidas en el caso de la patronal a mejorar la cualificación y formación profesional en el sector.
Así, solicita que la adaptación del sistema formativo no sea inmediata, sino que se establezca una prórroga de seis meses para evitar el riesgo de que no exista personal cualificado y formado en el mercado que pueda ser contratado.
Además, pide que se fije en 300 horas la duración de las prácticas profesionales no laborales para no interferir con la actividad portuaria, y que la Administración pueda autorizar excepcionalmente la obtención del certificado de profesionalidad restringido a determinadas tareas, para dotar al mercado laboral de la necesaria flexibilidad.
Para la Asociación, resulta fundamental también que se facilite la transición al nuevo régimen de las Sagep, así como la constitución de los futuros Centros Portuarios de Empleo, y proponen que se extiendan las ayudas en materia de empleo al colectivo de estibadores que no forman parte de estas sociedades y al resto de trabajadores de las actuales.
Más tiempo para la negociación colectiva
Una vez más, Anesco ha mostrado su preocupación por la incertidumbre jurídica que se puede generar a partir del 14 de mayo, un año después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2017, por el que se modifica el régimen de la estiba, dado que tanto el convenio estatal como numerosos convenios provinciales y por puertos perderán su vigencia.
Del lado de los trabajadores, también han mostrado su preocupación por la necesidad de llegar a acuerdos antes de esta fecha. En este contexto, CGT Valencia ha planteado ya sus pretensiones, que pasan por retrasar un año la entrada en vigor de la normativa, dado que hasta ahora las organizaciones sindicales y la patronal no contaban con un marco de referencia para la correspondiente negociación colectiva.
Asimismo, su principal objetivo sigue siendo lograr la subrogación obligatoria de los trabajadores del sector y garantizar el empleo, por lo que es en esa línea en la que han desarrollado su propuesta.