Las patronales Astotrans y UNO y el sindicato Comisiones Obreras, mayoritario en el sector, han ratificado ante el jurado arbitral el preacuerdo alcanzado el pasado 26 de octubrepara la firma del convenio colectivo provincial de transporte de mercancías y logística de la provincia de Toledo para el período que va de 2022 a 2026.
Sin embargo, finalmente UGT se ha descolgado de este acuerdo que regula las condiciones de trabajo de unos 20.000 trabajadoresdel sector logístico y de transporte de la demarcación.
Según informa Comisiones Obreras, el convenio finalmente acordado establece para cada uno de estos tres años sendas subidas salariales del 5% en las empresas de logística, con cláusula de revisión hasta igualar el IPC del año anterior si su incremento fuera superior.
Para el segmento de transporte de mercancías por carreterala revisión salarial anual es de un 3%, al que se añadirá un 1% más si el IPC del año previo superara ese porcentaje.
De igual modo, el nuevo convenio también establece, para ambos sectores de actividad, un día más de asuntos propios, introduce un plus para carretilleros por trabajo en altura, garantiza el cobro de todos los pluses durante las vacaciones, regula el teletrabajo, eleva hasta los 14 años la edad de los menores a los que podrán acompañar a consulta o atención médica sus progenitores, obliga a las empresas a entregar dos uniformes cada seis meses a sus trabajadores, así como a asumir los gastos de obtención del Certificado de Aptitud Profesional de los conductores y regulariza el horario de dietas de los conductores, entre otros aspectos.
Comisiones Obreras defiende que este acuerdo ha dado lugar a "un buen convenio"provincial que, además, disipa el riesgo de movilizaciones en plena temporada de máxima actividad para el sector.
UNO, por su parte, ha defendido este acuerdo y acusa a UGT de estas barajando una convocatoria de huelga a partir del 17 de noviembre que, según su criterio, "supondría un incumplimiento del acuerdo de paz social suscrito hasta el 31 de diciembre de 2023 por UGT, por lo que podría ser declarada ilegal”.