Ya en la pasada edición de este “especial Tendencias”, bajo el mismo título, describí las problemáticas del sector del transporte público de mercancías por carretera, que no solo no han mejorado, sino que se han agravado, al no resolverse ninguna de las existentes entonces y aparecer otras nuevas.
Sucintamente, estas problemáticas, son:
1º.- incrementos impositivos y de las cotizaciones a la Seg.Social, continuándose con el régimen de módulos.
2º.- inflación.
3º.- existencia de tantos convenios colectivos como provincias existen, lo que crea desigualdades que afectan a la competencia.
4º.- falta de personal cualificado y en especial, de conductores.
5º.- multitud de incógnitas que dificultan la planificación y rentabilidad empresarial (anunciada disminución de la jornada de trabajo, proyecto de nueva normativa sobre tiempos de conducción, dogmatismo de las instituciones comunitarias en la concreción y proyección de la clase de material móvil ecológico y el precio no competitivo de los mismos, etc).
6º.- no renovación de las ayudas al combustible.
7ª.- etc.
Pero pondero que más interesante que enunciar las distintas problemáticas, es más provechoso trasladar una serie de propuestas de actuación que mejorarían sustancialmente el sector.
Así, entre otras, las siguientes propuestas:
1ª.- Medidas fiscales y laborales que corrijan la problemática de la hiperatomización, fomentando la leal competencia y un tejido empresarial liderado por grandes y medianas empresas, lo que conlleva la eliminación del “régimen de módulos”.
2ª.- Medidas que hagan que el sector sea más atractivo, lo que es imprescindible para resolver la falta de profesionales y de conductores. Ello supone fomentar una formación de mayor calidad que la actual.
3ª.- Medidas de armonización en relación con la problemática de la “última milla”, ya que cada Comunidad Autónoma aplica una normativa diferente.
4º.- Creación normativa del “sello de calidad medioambiental y de descarbonización” que, mediante una serie de medidas complementarias o paralelas, laborales e impositivas, sirva para la aplicación de los beneficios que al efecto se deben de prescribir.
5ª.- Apoyo estatal para la canalización de los fondos UE destinados a la renovación de material móvil, que por lo que a España se refiere, no se obtienen en su totalidad.
6ª.- Creación de áreas de descanso y parkings seguros y confortables.
7ª.- Fomento de la intermodalidad, mediante un Plan de inversiones plurianual.
8ª.- Facilitación de una transición energética no dogmática, sino realista, justa e inclusiva (“neutralidad tecnológica”), abandonándose el discurso de la electromovilidad como la exclusiva solución viable.
9ª.- Apoyo a la inversión en I+D+i, ya que la digitalización y la inteligencia artificial fomenta la existencia de oportunidades que mejoran la eficiencia y competitividad, la reducción de costes y la calidad del servicio que se presta.
10ª.- Eliminar la excesiva burocracia que soporta el sector.
11ª.- Regulación de la “subcontratación”, que sirva para mejorar la problemática de la atomización del mercado, impidiendo todos los aspectos negativos que supone que una empresa de transporte “mueva” un número de tns. de mercancías muy superior al que podría solamente con sus propios camiones.
12ª.- Consideración, y defensa ante las instituciones comunitarias, respecto de cuantas medidas regulatorias se proyecten, de que España, como país periférico, tiene un déficit competitivo con el resto de Estados de localización más central, puesto que el incremento de costes en el transporte, supone, a su vez, una dificultad añadida para que nuestros productos compitan dentro del ámbito de la UE.