El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta semana un Real Decreto aprobado en el último Consejo de Ministros que recoge una serie medidas destinadas a preservar la continuidad de Mercapalma, una vez finalizada la vigencia de la sociedad actual, en proceso de disolución desde el pasado 7 de junio.
El Ejecutivo asegura tener el objetivo de "velar por el mantenimiento de esta infraestructura estratégica alimentaria, garantizar el suministro de alimentos frescos en Baleares y evitar una grave distorsión del comercio".
Así pues, al amparo de la Ley de sociedades de capital y después de que Mercasa iniciara un procedimiento administrativo ante el Gobierno como accionista de Mercapalma para asegurar la continuidad del principal mercado mayorista balear y su coordinación con el resto de la red de mercas, se han articulado diversas medidas que, según el Gobierno, no implican alteración de la propiedad de Mercapalma, que siguen ostentando el Ayuntamiento de Palma y la sociedad estatal Mercasa con la misma distribución accionarial de un 54,79% y un 45,21%, respectivamente.
Además, la norma también establece que los accionistas de Mercapalma se podrán reunir en junta general, dentro de los tres meses siguientes, y acordar las medidas que consideren procedentes, incluida la modificación estatutaria o la continuidad de la sociedad con los cambios que consideren oportunos.
Sin embargo, los estatutos firmados en su día que estipulaban, según el Ayuntamiento de Palma, que la totalidad del las acciones de Mercapalma se cederían al consistorio de la capital mallorquina, una vez trascurridos cincuenta años de la concesión, algo que los responsables municipales han asegurado que defenderán mediante los pertinentes recursos judiciales.
Mercapalma constituye el mayor centro logístico de distribución mayorista y de comercialización de alimentos frescos del archipiélago balear. En sus instalaciones se concentra la mayor oferta de empresas, actividades y productos relacionados con el sector de la alimentación en estas islas, por lo que el Estado lo considera un centro fundamental para la distribución alimentaria radicado en la octava ciudad más poblada de España y para el resto del archipiélago.