La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del pasado mes de septiembre ha obligado al Ayuntamiento de Madrid a iniciar esta semana la tramitación de la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible.
En este sentido, el consistorio madrileño ha sometido a consulta pública la normativa municipal para recabar durante un plazo de quince días, tal y como se establece legalmente, la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas.
En concreto, los responsables municipales proponen cuatro cuestiones relacionadas con la focalización de las restricciones de circulación en los vehículos más contaminantes, la articulación de alternativas a la movilidad, la aplicación de restricciones de circulación ser más estrictas en aquellas zonas de la ciudad mayor contaminación y la regulación de las zonas de bajas emisiones para que protejan eficazmente la salud de las personas a través de la mejora de la calidad del aire.
Así mismo, el Ayuntamiento de Madrid también quiere subsanar la insuficiencia del informe de impacto económico que apuntaba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Por otro lado, el consistorio defiende que sus regulaciones medioambientales constituyen una "obligación jurídica ineludible para todas las administraciones derivadas de la normativa comunitaria y nacional" y, de igual modo, también destaca los logros conseguidos con la normativa actualmente en vigor en relación con la calidad del aire en la capital.